Félix Portes: "Vamos a ver la resolución para determinar si se apela"

Shaddai Eves Santo Domingo, RD Félix Portes, abogado del teniente coronel Rafael Núñez de Aza, acusado de supuesta coalición de malhechores y desfalco al Estado en el Caso Coral, estudiará la decisión de la jueza para más adelante sopesar si apelan la decisión. “Vamos a ver la resolución para determinar los fundamentos de ella y ver si se apela o si se hace una revisión”, expresó Portes ante los medios a su salida de la audiencia en la que se le dictaron 18 meses de prisión preventiva en Najayo Hombres a su representado, medida que consideró como una "cintilla probatoria". Asimismo, el abogado de Núñez de Aza mencionó que la decisión de la jueza no fue bajo presión mediática. “Es importante resaltar que en esta situación que se dio hoy, obviamente, es una situación de desfalco, no hay una auditoría; es una situación de supuesta falsificación de sellos a la Contraloría, no hay una certificación del Inacif que establezca que hayan sellos falsificados”, dijo Portes. La defensa de Rafael Núñez de Aza agregó que también se habla de especialismos de cientos de militares y policías, de los cuales “supuestamente le daban un porcentaje a nuestro representado”. Decisión La jueza Kenya Romero emitió hoy su decisión en el conocimiento de medida de coerción de la Operación Coral, quien decidió prisión por 18 meses contra todos los implicados en el caso. Adán Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz la cumplirán en el centro Najayo hombres, en San Cristóbal. En el caso de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, le fueron impuestos 18 meses de prisión en el penal Najayo mujeres. Sobre el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar. La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria. La revisión obligatoria de la medida de coerción será el próximo martes 10 de agosto. La jueza valoró que existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales para declarar el caso complejo, como lo había pedido el Ministerio Público.