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viernes, 14 de mayo de 2021

Decisión en el Caso Coral se basó en igualdad ante la ley

La jueza Kenya Romero argumentó que no advierte “riesgo potencial a la integridad de las personas investigadas”.
Wanda Méndez Santo Domingo, RD En el derecho a la igualdad fue sustentado el envío al centro de Najayo, San Cris­tóbal, de los militares impli­cados en el entramado de corrupción denominado Co­ral. La jueza Kenya Rome­ro argumentó en la reso­lución que el cumplimien­to de esa medida “no está exento de ejecutarse en el marco de igualdad ante la ley, recibiendo la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas que go­zan de los mismos dere­chos, libertades y oportu­nidades”. Dijo que no advierte “ries­go potencial a la integridad de las personas investigadas”, ni la necesidad de un trata­miento diferenciado en el cumplimiento de medida de coerción en un centro de co­rrección bajo el prisma del ré­gimen ordinario. El mayor general Adán Cáceres, quien se desempe­ñaba como jefe de seguridad del expresidente Danilo Me­dina, expuso a la magistrada lo sensitivo de la función mi­litar que realizó durante los últimos años, que involucra información de seguridad na­cional. Sujeto de derecho La jueza indicó que consta­tó la naturaleza de la función militar realizada, no solo por Cáceres Silvestre, sino tam­bién por los otros cuatro en­viados a prisión en Najayo. “Esta realidad práctica co­loca esta jueza en la necesi­dad de verificar el resguardo a la dignidad e integridad de cualquier persona imputa­da al momento de serle im­puesta medida de coerción, en atención a su condición de sujeto de derecho”, puntuali­zó la magistrada. Igualdad El derecho a la igualdad está consignado en el artículo 39 de la constitucional domini­cana. El código procesal penal tam­bién establece el principio de igualdad ante la ley. CLAVES Acusados. La jueza envió a pri­sión en Najayo a Adán Cáceres Silvestre, Ra­fael Núñez de Aza, Ros­sy Guzmán Sánchez, Tanner Flete Guzmán y Alejandro Montero Cruz. Debate. El envío a una cárcel ordinaria de los cinco militares y policías im­plicados en la opera­ción Coral, motivó un debate entre aboga­dos, unos apoyan la decisión y otros la rechazan.

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